La posibilidad de que el poder público sólo ayude, subvencione o promueva su propio modelo o esquema educativo es, sencillamente, inaceptable, al menos en un sistema abierto y democrático como el nuestro. Inaceptable porque la Constitución reconoce la libertad de enseñanza y porque la propia Carta Magna obliga a los poderes públicos a generar las condiciones para que la libertad y la igualdad de las personas y de los grupos en que se integran sea real y efectiva. ¿Se fomenta la libertad si los modelos educativos diferentes son discriminados por ser distintos al esquema que patrocina el gobierno de turno?. ¿Es legítimo en un sistema democrático que los fondos públicos se destinen solo a apoyar las opciones que se promueven desde la cúpula?.

Según parece, el proyecto de ley educativa de Cataluña va a perseguir también a la llamada educación diferenciada condenándola a no percibir subvención alguna del erario público. En el mismo sentido se ha pronunciado estos días la consejería de educación del gobierno de Galicia. Pues bien, tales prácticas, propias del pasado, del autoritarismo, no deberían tener cabida en el marco constitucional en la medida en que el pluralismo no es un mal que hay que tolerar sino un bien que promover. Por la sencilla razón de que la tiranía de la mayoría que denunció en su día Tocqueville es lo más contrario a la democracia. Porque las minorías han de estar representadas en el espacio público y, sobre todo, porque el pensamiento único o el modelo único ha sido ampliamente superad por el pensamiento abierto, plural, dinámico y complementario que habita en los sistemas democráticos.

En España, el miedo profundo a la libertad que todavía caracteriza a no pocos dirigentes de la cosa pública está impidiendo el progreso y el desarrollo. En materia educativa, por ejemplo, muchos sistemas públicos de países incluso de orientación socialdemócrata ofrecen aulas de educación separada. ¿Por qué?. Porque han decidido sencillamente, a demás de por razones de rendimiento escolar, que lo que es de todos tiene que estar abierto a todas las opciones. Sí, a todas las opciones.

Jaime Rodríguez-Arana es Catedrático de Derecho Administrativo