Redacción
- 25/06/2007
Los promotores de la implantación de “Educación para la Ciudadanía” han emprendido una campaña de confusión para llevar al ánimo de la sociedad española la improcedencia de la oleada de objeciones de conciencia suscitada entre miles de padres de familia.
La idea que se pretende extender es que esa asignatura está de acuerdo con las directrices de la Unión Europea, que ha sido aprobada por mayoría en el Parlamento, que la ha respaldado el Consejo de Estado y que, por lo tanto, su rechazo supone poco menos que un atentado al sentido común. En otras palabras, se quiere acusar a la Iglesia, a los Foros de la Familia, y demás organizaciones cívicas que proponen utilizar todos los medios lícitos para oponerse a la asignatura, de alarmar a la sociedad de manera innecesaria e imprudente.
Ahí están las nuevas declaraciones que hizo ayer la ministra Cabrera y las del profesor Peces Barba o el Secretario de Organización del PSOE, José Blanco, rasgándose farisíacamente las vestiduras como si no entendieran las protestas de tantos padres de familia y que consideran orquestadas por “la derecha” esa especie de conjunto de todos los males de la sociedad. Pero -¿cuantas veces habrá que decirlo?- nadie se ha opuesto a la existencia de una asignatura que forme a los alumnos en los valores cívicos que emanan de la Constitución y de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es decir lo que se aplica ya en numerosos países europeos.
No, las protestas no son por la asignatura en sí sino por algunos de sus contenidos: los que se refieren, de manera concreta, a la formación moral, a lo que se ha llamado “adoctrinamiento ideológico” del Gobierno. Esa asignatura, tal y como se ha concebido en algunos de sus contenidos, pretende suplantar a los padres en su derecho a formar a los hijos de acuerdo con sus convicciones morales –o inmorales- tal y como estipula la propia Constitución. Las objeciones van contra esos determinados contenidos, que atentan contra la libertad de educación, y contra las libertades individuales, empezando por la libertad de conciencia.
Ningún Estado moderno de Derecho puede imponer a nadie los planteamientos ideológicos de los gobernantes de turno. Pero justo eso es lo que pretende el Gobierno de Zapatero con algunos de los contenidos de esta asignatura, considerada ya, a justo título, como la punta de lanza de una política destinada a la implantación en la sociedad de una “conciencia ideologizada”: el relativismo laicista que erradica de la vida pública a Dios y admite, en consecuencia, desde el matrimonio homosexual a la ideología de género, pasando por la manipulación de embriones o el aborto, frente a la moral cristiana, mayoritaria de la sociedad, que centra sus referencias vitales en la existencia de Dios Creador.
Lo decían muy clarito días pasados los padres de alumnos del Instituto Javier Uriarte del Puerto de Santa María: “No se puede pretender la autonomía de los alumnos sin una teoría de la ciudadanía construida sobre la base de la verdad, la responsabilidad y la justicia, unos valores que son olvidados por la asignatura, al igual que la inteligencia, la voluntad o la razón”. Lo que es inaceptable para los padres de familia y para cualquier persona con dos dedos de luces –no las que tiene este Gobierno- es inaceptable que no se recoja en la asignatura el valor de los argumentos, la razón y las razones, o que ni siquiera se considere el valor del trabajo.
?Y una pregunta ¿por qué no se ha consensuado con la mayoría de los centros educativos concertados, ni con el Partido Popular, el contenido de la asignatura a la que puso sus reparos el Consejo de Estado? ¿Vamos hacia una nueva versión del “pacto del Tinell” para marginar de la sociedad a los alumnos que no admitan el adoctrinamiento ideológico del Gobierno?
