Los padres tienen derecho a educar a los hijos según sus propias convicciones, pero, además, tienen el deber de proteger a sus hijos de posibles vulneraciones de sus derechos fundamentales, entre los que se encuentra el derecho fundamental a la integridad moral, recogido en el articulo 15 de la Constitución Española.
Con la asignatura de educación para la ciudadanía no sólo se vulnera el derecho de los padres, sino que también, y sobre todo, el derecho de los menores a su propia integridad moral, ya que la asignatura de educación para la ciudadanía incita y enseña comportamientos inmorales, dando como buenos comportamientos guiados por la mera apetencia personal, privando a la persona de actuar conforme a su máxima capacidad, conforme a su esencia o conforme a lo más genuino de su naturaleza, y , en definitiva, conforme a la grandeza de ser persona.
El ser humano es el único ser vivo en la tierra capacitado para amar, para realizar grandes sacrificios por el bien de la humanidad, pero de esta capacidad, tan genuina y exclusiva del ser humano, se prescinde a la hora de pretender educarlo con esta asignatura. Si no se tiene en cuenta esta capacidad o se le incita a lo contrario, se le está vulnerando algo tan fundamental como su integridad moral, ingrediente básico en su ser persona. El artículo 15 de la Constitución española recoge en un único derecho el derecho fundamental a la vida, a la integridad física y a la integridad moral, ya que la persona se compone de cuerpo y alma, y tan importante es respetar uno como lo otro.
Es importante ser preciso a la hora de argumentar una posición contraria a la implantación de la asignatura de educación para la ciudadanía, ya que la verdad es la única que siempre encuentra caminos, logra auténticas mejoras de las situaciones, y es fuente de educación. Ni en esta situación ni en ninguna se trata de lograr resultados aparentes o inmediatos sea como sea, sino que hay que comenzar ya creyendo en el bien que intentamos que se transmita en la educación. Sólo el bien trae auténticos resultados pero sólo podremos comprender esto si tenemos como último fin de nuestras actuaciones y de nuestra vida, el auténtico bien de toda la humanidad. En este sentido, no es real que el Estado no pueda educar; El Estado puede educar y de hecho, como toda autoridad, influye en la educación con todas sus actuaciones. Lo que no puede es maleducar, corromper, vulnerar derechos fundamentales como el derecho a la integridad moral, enseñar comportamientos inmorales, comportamientos que rebajen al hombre en su capacidad humana, por carecer de elevados y generosos objetivos. En este sentido refiere la Encíclica Divini Ilius Magistri del papa Pío XI que los derechos de la familia en la misión educadora son anteriores y superiores a los del Estado y están subordinados al fin último de la prole, es decir a la ley natural y positiva. Refiere, esta encíclica, que el derecho educativo de los padres no puede ser absoluto o despótico, ya que está inseparablemente subordinado al fin último y a la ley natural y divina. Así también declaró Leon XIII, en una encíclica son respecto a los derechos y deberes de los padres: "Los padres tienen el derecho natural de educar a sus hijos, pero con la obligación correlativa de que la educación y la enseñanza de la niñez se ajusten al fin para el cual Dios les ha dado los hijos. A los padres toca, por tanto, rechazar con toda energía cualquier atentado en esta materia, y conseguir a toda costa que quede en sus manos la educación cristiana de sus hijos, y apartarlos lo más lejos posible de las escuelas en que corren el peligro de beber el veneno de la impiedad".
También habla esta encíclica de la misión educativa del Estado, con la doble obligación en este terreno de proteger y promover. Igual que en el caso de la familia, el Estado no puede confundir este derecho y deber con el poder hacer lo que quiera y atentar contra la moralidad de la población, lo cual vulnera el derecho fundamental a la integridad moral recogido en el artículo 15. En definitiva, por encima del derecho obligación de la familia y el Estado a intervenir en la educación de los niños, jóvenes y adultos, está el derecho de las personas a ser tratadas de acuerdo a su dignidad, a que le sean respetados sus derechos fundamentales, entre los que se encuentra la integridad moral. Y, por supuesto, señala esta encíclica, la misión prioritaria de la Iglesia en la educación, tanto de fieles como de infieles.
La educación nunca es neutra porque encamina a la persona al bien, al amor, o al mal, al egoísmo. Conviven dentro de la persona, una capacidad o tendencia al bien, incluyendo una conciencia en este sentido, y una tendencia al mal o al egoísmo. La sociedad actual estimula el mal, el egoísmo, haciendo que la balanza o el equilibrio de esta persona se desplaze en este sentido, anulando, dificultando o perjudicando el ejercicio de la propia capacidad para el bien, el ejercicio de la auténtica libertad, libertad para actuar conforme a lo más genuino de la propia naturaleza. Los comportamientos inmorales anulan a la persona, en lo más genuino o valioso de sí misma. Si una renuncia a su integridad moral, hace dejación de su ser persona, de actuar de acuerdo a su genuina naturaleza o para aquello para lo que ha sido creado. El Estado, ni nadie, puede invocar una ideología moral, si no se dirije por el bien común, sino por particulares intereses, ya que, por esta vía, no se llega a convicciones en el terreno moral.
Los derechos fundamentales no son concesión del Estado, sino que son consustanciales a la propia naturaleza, son propios, uno nace con ellos y no los somete al parecer ni a una organización ajena.
Una persona no tiene por qué aceptar una organización de un Estado que no respeta su naturaleza, la propia integridad física y moral y que intenta anularlo como ser persona. El Estado organiza la convivencia, y todos nos podemos beneficiar de ello, pero no está ni para dominar ni para anular a la persona, ni uno tendría por qué aceptar este tipo de organización, de la cual saldríamos todos perdiendo, ya que, de qué nos serviría ganar el mundo si perdemos el alma.
Con la asignatura de educación para la ciudadanía, la integridad moral de todos los niños y, por extensión, de la humanidad, está en juego. No sólo está en juego, aunque también, la educación de los hijos de las personas que desean para sus hijos una educación moral, sino que la de todos los niños, ya que todos verían vulnerado su derecho a la integridad moral, aunque todavía, por su corta edad, no puedan hacerlo valer.
Ana María Vázquez Rodríguez
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