Redacción
- 16/01/2009
Las diverss asociciones civiles que se oponen a la imposición de la asignatura "Educación para la Ciudadanía", presentaron ayer un plan de actuación en caso de que el Tribunal Supremo no les ampare y en el que figura el recurso al Tribunal Constitucional. La sentencia se espera para la última semana de enero, y hay indicios de que puede ser favorable a los padres objetores
La Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE) y las organizaciones que defienden la objeción de conciencia en torno al conjunto de materias que conforman "Educación para la Ciudadanía" (Foro de la Familia, Profesionales por la Ética, Hazte Oir, CONCAPA, COFAPA y CEU) celebraron ayer una rueda de prensa en la que pusieron de manifiesto su convicción de que el “Tribunal Supremo se manifestará sobre esta materia defendiendo el derecho y libertad de los padres a elegir la educación que quieren para sus hijos”.
Está previsto que el próximo día 26 de enero el Tribunal Supremo se reúna para decidir su sentencia en torno a los cuatro recursos que le han sido presentados por familias de objetores y administraciones públicas sobre el tema Educación para la Ciudadanía, lo que establecerá doctrina sobre los miles de recursos interpuestos por los padres contrarios a esta materia y que todavía están en vías de resolución.
La CECE, en la línea del resto de organizaciones, considera que EpC es una “intromisión ilegítima del Estado en el derecho a educar de los padres que ampara la Constitución, toda vez, que cercena dichos derechos”. Además, esta Confederación está convencida de que la objeción de conciencia es una “vía legítima y admisible a derecho” pese a las trabas que están poniendo la gran mayoría de las administraciones educativas para que los alumnos puedan acogerse a él.
Numerosas objeciones
Según los datos aportados por Profesionales por la Ética, organización que coordina el proceso de objeción de la mayoría de las familias, actualmente hay más de 50.000 objeciones computadas “con nombres, apellidos y número de DNI”, más de 1.700 recursos presentados por familias y 277 resoluciones de juzgados computadas, “la mayoría favorable a los padres”. Esta respuesta a la materia supone “una rebelión cívica sin precedentes que en un 40% de los casos se produce en la escuela pública”.
Las organizaciones objetoras están dispuestas a presentar un recurso de nulidad ante el Supremo; y si no, ante el Constitucional. Junto al Foro de la Familia, cierran filas Profesionales por la Ética, Hazte Oir, asociaciones de padres como CONCAPA, las empresas de CECE y el CEU.
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