Manuel Cruz
- 26/02/2009
El escándalo de sospechas montado contra el Partido Popular, en vísperas de unos comicios cruciales para el País Vasco y Galicia, va mucho más allá de la simple escaramuza electoral y, muy probablemente, tendrá más consecuencias que las anteriores batallas que le ha dado el PSOE para quitar credibilidad a la oposición.
En 2004 fue la manipulación de la guerra de Iraq y del accidente del “Prestige” lo que, a fin de cuentas, le valió al socialismo de Zapatero su victoria electoral. El pasado año, el PSOE pudo renovar su triunfo gracias a otra de sus más descaradas manipulaciones: la supuesta crispación provocada por el Partido Popular a propósito de las ilícitas negociaciones con ETA que la oposición no supo desmontar a tiempo, aunque ganase algunos escaños. Hoy nos encontramos con algo mucho más serio: toda una instrucción sumarial en la que se vierten unos sospechas sobre el PP que, hasta ahora, solían recaer siempre sobre el PSOE: la corrupción. Y, además, en este caso, ya no se trata de una pelea de gallos políticos sino de toda una ofensiva judicial que tiene como punta de lanza a un juez en permanente entredicho, que fue diputado por Madrid del partido socialista y que también se encuentra en la picota por su supuesta connivencia con un ministro recién cesado o dimitido.
Curiosamente, no parece importar demasiado que el juez en cuestión, Baltasar Garzón, se encuentre en plena decadencia de prestigio por su extraña conducta como cazador de fin de semana en compañías más que sospechosas. Lo que está quedando en la opinión pública, gracias sobre todo a la estrategia de comunicación del Gobierno y del PSOE, es que el PP ya es culpable antes de ser juzgadas las actuaciones de quienes han abusado aparentemente de su influencia para hacer negocios. Sin duda alguna, tiene mucho que ver en esta ofensiva la calamitosa situación que atraviesa España por la crisis económica y la impotencia del Gobierno para frenar siquiera el paro galopante y la ruina de miles de empresas. Resulta altamente llamativo en este contexto, que en la campaña electoral de Galicia y el País Vasco, solo hayan salido a relucir hasta ahora algunos trapos sucios de gastos suntuarios, despilfarros o gustos por el lujo de algunos dirigentes socialistas o naconalistas ensoberbecidos que, en otros tiempos, podían hacer alguna mella en el electorado, pero no el fondo de la gran cuestión que de verdad preocupa al país: la crisis.
La pequeña estrategia del PP de sembrar dudas sobre los candidatos socialistas se ha visto contrarrestada por la ofensiva político-judicial que pretende derramar sobre el PP la misma basura de corrupciones que, tiempo atrás, le costó el poder el PSOE. En este contexto, las pocas posibilidades que parecían existir, desde las últimas elecciones, de alcanzar consensos sustanciales entre el Gobierno y la oposición, se están desvaneciendo a marchas forzadas. Ya se ha roto el pacto por la Justicia y no parece nada previsible ningún pacto ni para afrontar la crisis –llamada a agudizarse más aún a pesar del optimismo europeo- ni mucho menos para desalojar al nacionalismo del País Vasco después de la cita del 1 de marzo.
La operación en marcha no parece tener otro fin que cortar las alas al PP, sobre todo en Galicia y, más adelante, en las elecciones al Parlamento europeo para así dejar preparado el terreno a un supuesto adelantamiento de las generales. En este sentido, la querella del PP contra el juez Garzón por supuesta prevaricación y la posibilidad de que el Supremo tenga que intervenir para poder procesar a los supuestos aforados implicados por el juez de la Audiencia Nacional, solo van a significar para el PSOE algo tan simple y precioso como ganar tiempo: mientras el PP esté en la picota de la sospecha, haya prevaricado o no el juez Garzón, el Gobierno tendrá las manos libres para hacer lo que quiera con sus apoyos parlamentarios de la izquierda radical, empezando obviamente por la nueva ley del aborto, para terminar con ese posible adelantamiento de las generales.
Estamos, pues, ante uno de los juegos más sucios que se han dado en nuestra democracia para desprestigiar a la oposición y justo cuando se cuestiona su liderazgo interno. Todo lo cual hace suponer en una feroz venganza del PSOE por los tiempos del GAL y de Filesa. Zapatero, además, no parece nada contento con que le hayan obligado a prescindir de un ministro en el que tenía toda la confianza dentro de su diseño de acabar de una vez con la doctrina de Montesquieu y acercarnos al modelo venezolano que tanto parece gustar a la izquierda...
