Arvo.net
Francisco de Borja Santamaría
08/02/10
Mi artículo “¿Qué laicidad?”, publicado en Arvo fue objeto de un comentario crítco de un lector. Una discrepancia civilizada merece una respuesta.
Si le he entendido bien a mi amable lector, sus argumentos fundamentales son, en primer lugar, que la democracia debería descansar sobre una especie de pacto entre creyentes y no creyentes. Las reglas de juego de tal pacto llevarían a que los no creyentes respeten la libertad de culto de los creyentes, y a que estos, por su parte, no impongan “sus creencias (preceptos) al resto de los ciudadanos”. Esto le lleva a mi lector a su segundo argumento: la afirmación de que la Iglesia Católica “no acaba de asumir el papel que le corresponde en una democracia”, porque “trata de imponer sus mandamientos en temas relacionados con el aborto, el divorcio, los anticonceptivos, el matrimonio entre homosexuales y un largo etcétera”.
Los dos argumentos se encuentran entrelazados e intentaré dar una respuesta conjunta a los dos. Por otra parte, esa manera de razonar se encuentra bastante generalizada y no está de más hacer un esfuerzo por mostrar su, a mi modo de ver, insolvencia. Intentaré hacerlo con toda honestidad.
En primer lugar es preciso recordar algo elemental, pero muy importante, para la cuestión que aquí nos ocupa. El hecho es que la Iglesia no posee ningún poder institucional en la organización del Estado. Gracias a Dios, los obispos no tienen ninguna competencia en las decisiones que el Estado adopta en su triple poder (legislativo, ejecutivo y judicial). La Iglesia, en cambio, ejerce un poder cultural al proclamar su punto de vista sobre la dignidad humana desde la perspectiva del Evangelio (que incluye, por cierto también, lo que entendemos por derechos humanos y la exigencia de un orden social más justo y equitativo).
¿Atenta contra la democracia y la laicidad del Estado la pretensión por parte de la Iglesia de influir en lo que los cristianos y la sociedad en general han de considerar acorde con la dignidad humana y con la justicia? La respuesta es rotundamente negativa. La Iglesia, al igual que cualquier otra instancia, tiene todo el derecho del mundo a proclamar lo que entiende como bueno o malo. Su influjo en las decisiones políticas puede ser grande o pequeño (no estoy seguro de que sea muy grande), y lo que dice gustará o no a los ciudadanos; pero la grandeza de la democracia significa, entre otras cosas, el derecho a intervenir en la configuración de lo que en la sociedad se considera como valioso o repudiable, lo que, indirectamente, influirá en la toma de decisiones políticas a través de los cauces democráticos previstos. Se trata de un derecho que asiste tanto a los individuos aisladamente como coaligados de mil maneras: partidos políticos, lobbys, asociaciones de cualquier tipo, grupos mediáticos, iglesias, etcétera. La Iglesia concurre, por tanto, junto a otros muchos actores en el mercado cultural de los valores y no parece razonable impedírselo por el hecho de que sus valores tengan un anclaje religioso. Por otra parte, negarle a la sociedad la posibilidad de enjuiciar moralmente las decisiones políticas y pretender que éstas son siempre buenas por el mero hecho de haber sido legítimamente adoptadas, significaría haber sido subyugado por una suerte de pensamiento totalitario.
Habermas, un filósofo poco sospechoso de “ofuscación religiosa”, sostiene que las instituciones religiosas pueden enriquecer a la sociedad con independencia de la postura que en concreto tomen, y que no se les debe negar “el derecho, o la capacidad, de intervenir con aportaciones sustanciales a la discusión sobre la legalización del aborto o la eutanasia, sobre cuestiones bioéticas de la medicina reproductiva, sobre la tutela de la biosfera y sobre el clima”.
A quienes les preocupa tanto que la Iglesia alce su voz en ciertas cuestiones es preciso recordarles que la legitimidad política se dirime, en última instancia, en las urnas, y que los ciudadanos, católicos o no, al votar somos lo bastante maduros para decidir qué caso hacemos o dejamos de hacer a los pastores de la Iglesia. En fin, pura democracia.
