Redacción
- 25/05/2010
Cuando el presidente del Gobierno habla en un mítin. como ha ocurrido este fin de semana en Elche, de que no ha dado ningún bandazo en su política social, pese a los recortes a los salarios y la congelación de las pensiones, hay que preguntarse si, en realidad, trata de decir otra cosa. Y, en efecto, es bastante probable que Zapatero se refiera al mantenim¡ento íntegro de su proyecto ideológico que no es otro que la implantación del laicismo como “religión” del Estado y el adoctrinamiento de los escolares en materia afectivo-sexual para inculcarles la ideología de género. La crisis económica tan solo es un incidente al que Zapatero, como se ha podido ver en Elche, no presta más que la atención necesaria... para criticar al Partido Popular.
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A este propósito hay que tener en cuenta la nueva ofensiva lanzada por el ministerio de Educación, una vez fracasado el pacto educativo, para enseñar a los escolares, a partir de los once años, la ley del aborto que lleva aparejado un amplio capítulo dedicado a la educación afectivo sexual en el marco de la ideología de género, también impartida en el marco de la “Educación para la Ciudadanía”.
Precisamente ayer, la asociación cívica “Profesionales por la Ética” hizo público ayer un comunicado en el que anuncia que, en las próximas semanas, nuevos demandantes se sumarán al proceso judicial abierto por los padres objetores a Educación para la Ciudadanía (EpC) ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo. La demanda fue presentada el pasado 19 de marzo por Profesionales por la Ética y Alliance Defense Fund (ADF), entidad especializada en la defensa de los derechos fundamentales. Por su parte, el prestigioso European Center for Law and Justice (ECLJ) proporciona asistencia técnica en la demanda.
A fecha de hoy, la demanda afecta a un centenar de niños cuyos padres han objetado a este conjunto de asignaturas. Son familias de Andalucía, Castilla-La Mancha, Castilla-León, Comunidad Valenciana, Comunidad Foral de Navarra, Comunidad de Madrid y Región de Murcia. Como explica Jaime Urcelay, presidente de Profesionales por la Ética y padre demandante en Estrasburgo, la demanda fue admitida a trámite con la referencia Demanda nº 15976 / 10 y en la actualidad siguen su curso procesal de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de dicho Tribunal. Este ha manifestado interés en el conflicto de EpC y ha solicitado ya nuevos aportes documentales a los representantes de los demandantes.
«Tal como anunciamos en 2006, en los inicios de la oposición social a las asignaturas de EpC, desde Profesionales por la Ética manifestamos que, en la defensa de los derechos de los padres utilizaríamos todos los medios legítimos a nuestro alcance y que llegaríamos hasta donde fuera necesario, incluido el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, siempre que hubiese padres que así lo deseasen. En virtud de este compromiso se apoyó la presentación de la demanda en Estrasburgo y se mantienen abiertos un buen número de procesos ante los Tribunales Superiores de Justicia de Madrid y Valencia y, en vía de amparo, ante el Tribunal Constitucional».
La defensa de las libertades fundamentales de educación y de conciencia prosigue, por tanto, en su ámbito internacional. Los padres continúan al margen de las disputas políticas españolas y frente a los planes del Gobierno y a la indiferencia de la oposición. Lamentablemente, los intereses personales y electorales de muchos se sitúan por encima de los derechos de los padres.
